La sordera no es una limitación, sino una condición. Prueba de ello es que las personas con discapacidad auditiva pueden ser independientes, sólo necesitan los recursos adecuados a cada una de sus circunstancias. En este sentido, Andalucía apuesta por la lengua de signos como medio de integración en la sociedad de las personas sordas y su acceso a la información, a la educación y a los estudios.
La Junta de Andalucía ha acordado la tramitación del anteproyecto de la ley que obligará el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con deficiencia auditiva o sordoceguera en los servicios públicos como la administración, la salud, la justicia, los transportes y la educación.
La ley, que se aprobará durante el 2010, supone una dotación económica de 110 millones por año, desde 2010 al 2012, para regular los servicios de tele interpretación; contratar más intérpretes de signos; desarrollar la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, un profesional que facilita la participación del colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad; establecer servicios de atención telefónica accesibles para sordos; elaborar un plan de estudio adaptado junto con programas de formación para el profesorado; y facilitar el acceso a la información institucional así como a las reuniones plenarias de carácter público de los ayuntamientos, diputaciones y al Parlamento de Andalucía.
Esta normativa está destinada a garantizar la lengua de signos española como medida de accesibilidad y no discriminación a los 176.000 andaluces con discapacidad auditiva. En este sendio, Alfredo Gómez, presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS), ha comentado que:
“Con esta ley hemos traspasado la frontera del reconocimiento formal al real. La ley andaluza pone lo medios necesarios, en forma de dotación económica para que las personas sordas forman parte de la comunidad autonómica en todo el amplío y extenso sentido de la palabra”.