La organización Save The Children finalizó recientemente su estudio ‘Infancia y justicia: una cuestión de derechos’ , concluyendo que la Administración de Justicia en España no se encuentra adaptada a las diferentes necesidades de los niños, así como no garantiza, como debería, sus derechos.
El día que presentaban este informe, la responsable de Incidencia Política de esta ONG de la infancia, Yolanda Román, aseguraba que refleja cómo la justicia española “no trata bien a los niños” al mismo tiempo que muestra la ausencia de medios legales, humanos y materiales para poder garantizar el respeto de los derechos de los menores.
Además, los resultados de esta investigación ponen de relieve que el contacto de los niños en nuestro país resulta traumático, doloroso y ridiculizador, dando lugar a una “violencia institucional” contra ellos.
Esto se debe, en gran medida y siempre según la ONG, a la ignorancia de los operadores jurídicos acerca de los derechos de la infancia. Los desconocen y no actúan de una manera adecuada. Por esto, Save The Children alerta de la importancia de formar bien en este tema y de que sepan trabajar adecuadamente con los menores.
Asimismo, señala que esto viene producido también por la falta de recursos ajustados a la hora de responder a momentos judiciales en que los menores se ven inmiscuidos, sea cual sea el motivo de los mismos: bien por crisis matrimoniales, bien por infracciones a la ley cometidas por ellos mismos, entre otras situaciones.
Por ello, la ONG habla de la necesidad de adecuar los espacios a los que acuden los menores a realizar entrevistas, dar declaraciones o esperar, así como es necesario contar con los medios audiovisuales y técnicos para que puedan participar en los procesos jurídicos sin ser obligados a ver a su agresor o dar sus declaraciones o testimonios en una sala abarrotada de personas desconocidas para ellos.
Román incidió especialmente en esta cuestión, asegurando que, a veces, los pequeños son sometidos a declaraciones, exploraciones o interrogatorios que les producen una dolorosa revictimización. De hecho, en el informe puede leerse lo siguiente:
Los niños no siempre son tratados de acuerdo a su edad o estado madurativo, lo que puede generar en ellos confusión, temor o incluso culpabilidad. El derecho de los niños a ser debidamente escuchados durante los procedimientos, tanto judiciales como administrativos, y en los procesos en los que participan no se garantiza suficientemente y en muchos casos no se respeta
Pese a reconocer que el contexto económico y político no es el más adecuado para pedir una mayor inversión en justicia, la responsable de Incidencia Política de la ONG, señaló que “es urgente hacerlo”.
Os dejamos con el video testimonio de la joven Cristina, de 17 años: