Hace días se celebraba el Día Internacional de la Mujer, ocasión aprovechada por cientos de organizaciones de mujeres para recordar que la secular demanda de igualdad con el hombre todavía no se ha materializado en pleno siglo XXI. Una discriminación que, según diversas organizaciones, se agudiza en casos como el de la mujer con discapacidad.
Mujeres como la Comisionada de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Ana Peláez, la abogada miembro de la Asociación Libre de Abogados, Silvia Hervás, o la Directora del Servicio de Vida Independiente y Área de Mujer de Afanias, Pilar Cid, pero también hombres como el gerente de FEAPS, Paulino Azúa, insistieron esta semana en la situación de estas mujeres en una jornada sobre violencia de género y discapacidad celebrada en la Fundación ONCE. Afirma Pilar Cid:
“La mujer con discapacidad intelectual es víctima, no de una doble discriminación sino de una múltiple discriminación: es discapacitada, encima discapacitada intelectual, es mujer, es pobre, es madre. Por estos factores no sólo se puede hablar de doble discriminación. Ese es un hecho, nos guste o no nos guste, pero está ahí”.
Una discriminación que, según Paulino Azúa, hunde sus raíces en las bases de nuestra propia cultura que bebe del cristianismo y la filosofía clásica. La Grecia de Aristóteles sería la encargada de germinar la primacía de la inteligencia, mientras que el cristianismo instauraría la superioridad del hombre sobre la mujer.
Un legado cultural que exigiría, según los asistentes, la creación de estructuras paritarias en los órganos de decisión de todo tipo, incluidos los de las organizaciones de discapacidad. Asunto referido por Ana Peláez:
“Si no hay mujeres en el diseño de políticas de discapacidad no habrá nada para ellas. No hay perspectiva de género en las políticas de discapacidad”.
Por todo ello, la ‘Jornada de Violencia de Género y Discapacidad Intelectual’ concluía con una reflexión: una mayor presencia de mujeres en las políticas de discapacidad tanto de organizaciones como instituciones ayudaría a combatir la discriminación y la violencia de género.
La falta de estudios sobre violencia de género, junto con la escasa formación en derechos, tanto de las personas con discapacidad como de sus familiares y de los profesionales, serían, según Ana Peláez, algunos de los obstáculos a la hora de resolver la violencia sobre las mujeres con discapacidad.
Obstáculos a los que la abogada Silvia Hervás añade diversos aspectos de nuestro sistema legislativo, como, por ejemplo, la Ley Orgánica sobre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Según la letrada, pese a que el texto de esta norma incluye a la mujer con discapacidad en aspectos esenciales como las medidas de sensibilización, prevención e intervención o el derecho a la información, éstas disposiciones todavía no se han desarrollado.
Por todo ello, desde las organizaciones e instituciones consideran positiva la ratificación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene como principios no sólo la no discriminación, el respeto por la diferencia y la inclusión plenas y efectivas en la sociedad, sino también la igualdad entre hombres y mujeres. Aspectos beneficiosos a los que la letrada Silvia Hervás añade:
“Para el lenguaje, nuestras leyes son muy arcaicas y hablan de incapacidad, de personas con retraso mental, barbaridades como esas todavía no erradicadas del lenguaje político”.
Esta semana las organizaciones e instituciones sociales de discapacidad han renovado su compromiso para combatir la discriminación y la violencia de género. Deseamos que su colaboración permita que frases como la expresada por Pilar Cid: «No hay mayor violencia para la mujer que el no existir», no tengan correspondencia alguna con la realidad en un futuro próximo.