El Pleno del Congreso de los Diputados ha acordado por unanimidad, a propuesta del PSOE, iniciar los trámites parlamentarios para modificar la norma del Tribunal del Jurado con el fin de garantizar a las personas con discapacidad que puedan ejercer plenamente su derecho a formar parte de esta institución.
La propuesta, defendida en la Cámara Baja por el diputado socialista Pablo Martín, explica que la regulación del derecho de formar parte de un Jurado se efectuó en la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, que contiene planteamientos que requieren de una revisión a la luz de los principios de la Convención de la ONU sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad.
Y es que, apuntó Martín en el Pleno, resulta «paradójico» que una institución como la del Jurado ponga trabas a la participación ciudadana por motivos de discapacidad. Esto demuestra, en su opinión, que muchas veces las barreras son más psicológicas que arquitectónicas.
Por su parte, Francisco Vañó, del PP, recordó que la Convención de l a ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es «de obligado cumplimiento» para España desde 2008, cuando la ratificó, por lo que «este país debe adaptar su legislación a este tratado», que es lo que pide la iniciativa.
Por eso, el Grupo Socialista propone que el apartado 5 del artículo 8 de la Ley del Tribunal del Jurado contemple la participación de cualquier ciudadano con «capacidad suficiente para el desempeño de la función del jurado». Del mismo modo, el texto establece también que en el plazo de cinco días, los candidatos a Jurado devuelvan el cuestionario que se les envíe «haciendo constar aquellos impedimentos físicos, psíquicos o sensoriales que puedan dificultarles el ejercicio de la función» y solicitando los medios de apoyo que necesiten para ejercer su derecho.
La medida cuenta con el apoyo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que exigió ya hace tiempo la modificación de la normativa por colisionar con la Convención de la ONU y considera que su reforma sería un «avance» para este país. A su juicio, esta propuesta supone un paso adelante en la materialización del derecho al acceso a la justicia de las personas con discapacidad.