La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se aprobó en el año 2006 tras un largo proceso en el que estuvieron implicados diferentes actores y nació como un instrumento con importantes consecuencias para las personas con discapacidad.
Entre estas destaca la de dar “visibilidad” a este colectivo, en el que me incluyo, dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas, la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos, y el contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer nuestros derechos.
Pues bien, la Fundación Æquitas del Consejo General del Notariado, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha puesto en marcha recientemente la Red Iberoamericana de Expertos en Discapacidad y Derechos Humanos (RIEDDH) para aunar todos los esfuerzos posibles, permitir la construcción de vínculos de trabajo estables y establecer un espacio común de conocimiento, difusión y divulgación de los derechos de las personas con discapacidad.
Y algo que me ha llamado mucho la atención de esta red es la creación de una excepcional herramienta diseñada para lograr ese objetivo, me refiero al ‘Aula virtual’ de formación online sobre la comprensión e implementación de dicha convención y que, de paso, persigue la consecución del fin último de RIEDDH que es, nada más y nada menos, “establecer una serie de normas básicas, que se puedan aplicar en todos los países de Iberoamérica, adaptadas a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Por lo visto, el proyecto formativo cuenta con el soporte de la plataforma UPCnet de la prestigiosa Universidad Politécnica de Cataluña y me confirman que ya está abierto el plazo de matrícula para los dos módulos formativos de que consta la formación (módulo básico -fecha límite de incripción el 15 de noviembre- y módulo de especialización -hasta el 15 de diciembre). El básico, me cuentan desde esta red, está dirigido a aquellas personas que no posean conocimientos jurídicos previos, mientras que el de especialización se dirige a quienes sí los tengan. El programa íntegro de ambas formaciones lo pudes encontrar en este enlace y los formularios de inscripción de los módulos te los puedes descargar en este otro.
Por otro lado, he tenido la oportunidad de hablar con Marta Puig, que está involucrada en este afán de difundir la convención a través de estos dos módulos, y me comenta que ambos:
Pretenden formar en la convención, es decir, transmitir y desarrollar el nuevo modelo social que nos implementa la convención de Naciones Unidas porque, desde su aprobación, se ha modificado todo el tratamiento de la discapacidad
Resulta, según esta especialista, que España ha ratificado la importantísima convención y, como ha entrado en vigor, se tienen que modificar todas las leyes estatales aunque, por lo visto, según afirma Puig:
No basta solo esto sino que también hay que saber qué implica este modelo, ya que las personas con discapacidad tienen unos derechos que se tienen que ejercer en un nivel de igualdad de oportunidades
Así, no es muy normal que una vez ratificada esta convención una persona ciega, por ejemplo, con derecho a votar en unas elecciones de su país se encuentre con que no hay papeletas adaptadas que faciliten su derecho en una consulta electoral. Y de ahí la importancia de formarnos en estos cursos y otros que ser irán creando, y especialmente los responsables de entidades que trabajen con personas con discapacidad y nosotros, profesionales de la comunicación.
Y si es cierto que “el saber no ocupa lugar”, nos va a venir muy bien saber los derechos que tenemos nosotros, personas con discapacidad, a partir de este nuevo modelo que marca la convención, ya que este tipo de textos no suelen ser demasiado comprensibles para las personas de a pie con una simple lectura.
En este sentido, los cursos a nosotros y los profesionales mencionados nos puede venir muy bien para contextualizar la convención, saber lo que había antes de ella, lo que tenemos ahora y, por fin, tener realmente claro los derechos de las personas con discapacidad que, afortunadamente y según afirma Puig, “han cambiado radicalmente” e, imagino y añado, para bien. No puede ser de otra manera.