Esta es la pregunta que lanzan diversas ONG al Gobierno y al conjunto de la sociedad para que reflexionen sobre la ayuda que prestamos al desarrollo de los países pobres. ¿Es egoísta nuestra ayuda? ¿Les damos sin condiciones?
En muchas ocasiones, la respuesta es que damos, sí; pero con condiciones y, a veces, con algún interés. Por eso, las organizaciones humanitarias piden al Ejecutivo que reforme los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) para que éstos primen los derechos humanos, económicos, sociales y ecológicos de los países receptores.
Las ONG han iniciado esta campaña para expresar su rechazo al plan del Gobierno de destinar 100 millones de euros para financiar proyectos que favorezcan la exportación de infraestructuras a África. «Endeudarle más no es la salida para salvar la economía española», señalan, al tiempo que lamentan la deuda que generan estos fondos en los receptores.
Asimismo, consideran que los FAD «destruyen las capacidades locales de crear un tejido industrial propio, ya que al tratarse de una empresa española quien ejecuta los proyectos que financian esos créditos, la mayoría de los beneficios recaen en la economía de nuestro país y no en la de los países empobrecidos».
Entonces, concluyen que esa característica de los citados fondos es «inapropiada para un instrumento cuya finalidad principal debiera ser el desarrollo de los pueblos empobrecidos».
Insistimos: ¿Quién debe a quién?