Las adquisiciones masivas de tierras se están incrementando en África y otros continentes, aumentando el riesgo de que los pobres se vean desposeídos o se les impida el acceso a la tierra, el agua y otros recursos, según indica el primer estudio en profundidad sobre este fenómeno.
El informe ha sido realizado por el Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED, por sus siglas en inglés), a petición de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
Advierte que estas operaciones pueden crear muchas oportunidades (salidas comerciales, empleo, inversiones en infraestructuras, incremento de la productividad agrícola), pero también pueden ser muy perjudiciales si se excluye a la población local de la toma de decisiones sobre la adjudicación de tierras y si no se protege su derecho sobre las mismas.
El informe señala que muchos países no tienen suficientes mecanismos para proteger los derechos de la población local y respetar los intereses, medios de subsistencia y bienestar locales. La falta de transparencia, control y equilibrio en las negociaciones puede llevar a acuerdos que no defienden al máximo el interés público. Los derechos locales a la tierra poco claros, la falta de acceso al proceso de registro de la tierra, los requisitos del uso productivo poco definidos, los vacíos legales y otros factores, debilitan a menudo la posición de la población de la zona.
El estudio pide que se evalúen de forma detenida los diferentes contextos a nivel local, incluyendo los usos de la tierra existentes y los derechos legítimos, garantizar el derecho a la tierra a las comunidades rurales, involucrar a la población local en las negociaciones, y llevar adelante la compra tan solo tras un consentimiento libre, previo e informado.