Te voy a hablar de dos medidas que se van a aprobar y que beneficiarán a las personas con discapacidad. Una de ellas es el decreto que permitirá jubilarse a los discapacitados a los 58 años, siempre y cuando presenten un grado de discapacidad igual o superior al 45%, y cuando se trate de discapacidades en las que se evidencie una reducción en la esperanza de vida de las personas afectadas.
La anticipación a los 58 años tiene en cuenta no sólo el mayor esfuerzo y el esfuerzo extra que el desarrollo de una actividad profesional comporta para un trabajador con discapacidad, sino también la concurrencia de una reducción de su esperanza de vida.
La Seguridad Social estableció ya en el año 2003 coeficientes reductores
de la edad de jubilación para trabajadores con discapacidad igual o superior
al 65%.
Las discapacidades previstas en el decreto que pueden dar lugar a la jubilación anticipada se refieren a discapacidad intelectual; parálisis cerebral; anomalías genéticas, tipo síndrome de down, acondroplasia o
fibrosis quística, entre otras; trastornos del espectro autista; anomalías
congénitas secundarias a Talidomida; síndrome postpolio; daño cerebral
adquirido; enfermedades mentales como esquizofrenia o trastorno bipolar;
y enfermedades neurológicas como esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis
múltiple, leucodistrofias, síndrome de Tourette o lesión medular traumática.
Para acceder a esta jubilación anticipada será condición indispensable
hallarse en alta o situación asimilada a la de alta.
Ahora se abre esta nueva opción a trabajadores cuya discapacidad lleva aparejada una menor esperanza de vida y, por lo mismo, menos carrera de cotización y menos oportunidades de llegar a la edad general de jubilación, fijada para todos los trabajadores en función de la esperanza media de vida.
La medida aprobada por el Gobierno recoge las peticiones del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que venían solicitando la adaptación de la jubilación a la realidad de los trabajadores con discapacidad, con el criterio de que al ser esta realidad diferente de la del resto de trabajadores, precisa también de un tratamiento normativo diferente, que tenga en cuenta sus peculiaridades.
Asimismo, el Gobierno ha dado luz verde a una reforma que unificará el procedimiento y reconocimiento del grado de «minusvalía», término que, a partir de ahora será sustituido por «discapacidad», como demandaba el sector.
También anunció De la Vega la creación de la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Autonomía Personal y la Atención a las Personas con Dependencia, que tendrá su sede en Valencia.
Su objetivo será aplicar los avances científicos y las nuevas tecnologías a la mejora de la calidad de vida a las personas que no pueden valerse por sí mismas.
El 50 por 100 del patrimonio de esta nueva fundación deberá proceder de la Administración General del Estado y ascenderá a 30.000 euros a cargo al presupuesto del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de Sanidad y Política Social. Además, las funciones de Protectorado de esta fundación corresponderán al Ministerio de Sanidad y Política Social.