
El 12 de enero de 2010 un terremoto de 7,3 grados en la escala Richter azotó Haití causando al menos 250.000 muertos, más de 300.000 heridos y dos millones de damnificados. Los daños y las pérdidas causadas por el seísmo se cifran en 7.8 mil millones de dólares.
El dato es el equivalente a más del 120% del producto interior bruto haitiano de 2009 y representa el mayor impacto económico provocado por un fenómeno natural en relación a los ingresos nacionales de los últimos 35 años. El gobierno de Haití perdió gran parte de su capacidad operativa: 13 de los 15 ministerios fueron destruidos y un tercio de los funcionarios públicos (60.000) murieron.
La temporada de lluvias y huracanes ha comenzado y alrededor de 1,5 millones de personas siguen viviendo en los asentamientos espontáneos que se crearon tras el seísmo. La población de estos campos está en riesgo de inundación, por ello el gobierno de Haití tiene que liderar el desarrollo, la implementación y la comunicación de un plan claro para el alojamiento temporal y permanente de las personas afectadas, pues ninguna ONG nacional o internacional puede trabajar en soluciones permanentes hasta que el Gobierno de Haití proporcione tierras para la población que no puede regresar a sus hogares.
La actuación del Gobierno español durante los seis meses siguientes al seísmo ha sido, según el informe ‘Desembarco en Haití: un análisis de la respuesta española al terremoto‘ de Intermón Oxfam, mucho más visible -sobre todo frente a la opinión pública- que eficaz. La portavoz de la organización Lara Contreras, asegura:
“El Gobierno español aplicó un modelo de respuesta humanitaria basado inicialmente en la acción directa sobre el terreno y no centrado en el reforzar y consolidar el papel de donante de la agencia gubernamental, como distribuidor estratégico de fondos para las organizaciones humanitarias. Además, la intervención de las Fuerzas Armadas fue tardía y excesivamente costosa en relación a los resultados alcanzados”.
PROBLEMAS DE COORDINACIÓN
La Oficina de Acción Humanitaria (OAH) perteneciente a la AECID y siempre según OXFAM, no jugó el papel que le corresponde en cuanto a liderar y coordinar el conjunto de la respuesta española, al intervenir diferentes ministerios y agentes sin estar bajo su coordinación. Contreras mantiene:
«No hubo una coordinación desde el principio con todos los actores para valorar las prioridades, sobre todo no contactó desde el primer momento con las organizaciones que ya estaban presentes en el terreno»
Según el informe, muchas ONG se enteraron por televisión de que había cargamentos humanitarios saliendo hacia Haití
«cuando lo deseable es que como socias de la AECID hubiesen dispuesto de un canal oficial de información», apunta la portavoz de Intermón Oxfam.
La Oficina de Acción Humanitaria tampoco tuvo posibilidad de decisión en lo que respecta al envío de las Fuerzas Armadas. Además, hizo gala de falta de recursos, especialmente humanos. Según el informe, estos recursos fueron destinados a realizar una ayuda directa en terreno –aviones, material y personal humanitario- , en lugar de priorizar el rol estratégico de canalización de fondos a organismos especializados que hubiera supuesto una mejor coordinación, seguimiento y financiación de todos los actores humanitarios tanto en España, como en el resto de Europa y también en Haití.
“El hecho de haber trasladado la casi totalidad del personal de la OAH al terreno, es un indiciador de que se priorizó el rol de ayuda directa sobre el del donante a otros organismos especializados. Con una sede sin personal y sin capacidad de decisión era difícil que se pudiera desempeñar el papel de coordinación entre los actores españoles”.
No obstante, el informe valora positivamente que en términos cuantitativos la AECID comprometió el 54.4% de sus recursos al llamamiento de la ONU para Haití, lo que garantiza para el período una mejor coordinación de los fondos y un mejor impacto.
La actuación de las Fuerzas Armadas
La respuesta del Gobierno español en Haití ha tenido un claro componente militar. El 37,3% del presupuesto total para esta emergencia ha sido destinado al operativo de las fuerzas armadas. En total, 18,8 millones de euros, un coste equiparable a la suma de las aportaciones realizadas al Programa Mundial de Alimentos y a la Organización Mundial de la Salud.
La operación tuvo dos componentes: el envío dos días después del terremoto de la Unidad Militar de Emergencias para labores de rescate, a la que se destinaron 555.000 euros, y la Operación Hispaniola, por medio de la cual se desplazó un contingente a Petit Goave en el buque Castilla para realizar las siguientes actividades: desescombro y limpieza de viales, atención sanitaria, distribución de agua potable y ayuda humanitaria, y reconocimiento y preparación de refugios. La misión supuso el gasto de 18,2 millones de euros. Lara Contreras continúa:
«Sin embargo, el buque llegó el 4 de febrero, 23 días después del terremoto, en un territorio donde ya estaban presentes varias ONG proveyendo de servicios de agua, higiene y saneamiento».
Esta intervención se desvía claramente de las directrices de Naciones Unidas que indican que los recursos militares deben solicitarse sólo como último recurso, principalmente para hacer labores logísticas en el único caso de no disponer de una alternativa civil. Sin embargo, hay que reconocer que las tareas de desescombrado y limpieza de vías dieron respuesta a una necesidad real ya que no había en la zona quien las realizase.
Según el informe, durante los tres meses que permaneció el contingente militar en Petit Goave, los 450 soldados españoles prestaron atención sanitaria a 7.568 haitianos, atendieron 4 partos y se vacunaron 21.274 personas. Retiraron 8.000 metros cúbicos de escombros, abrieron 8.200 metros de viales y han distribuido 600.000 litros de agua potable; y todo ello con un coste de 18.247.000 euros.
«La relación coste eficiencia, es decir los resultados obtenidos versus la inversión, es altamente cuestionable. Si estos recursos se hubieran dirigido a organismos públicos a organizaciones internacionales y ONG hubiesen tenido mayores resultados, en términos de cobertura de beneficiarios y de calidad de resultados».
Con un millón de euros, Intermón Oxfam ha atendido a 20.810 beneficiarios en actividades de agua, saneamiento e higiene y cobijo; se construyeron 5.800 letrinas para 7.050 personas, se han distribuido kits de higiene a cerca de 9.000 personas, artículos no alimentarios como mantas a 2.750 familias y mosquiteras a 500 familias. También ha permitido suministrar material de cobijo (lonas de plástico y tiendas de campaña) para 3.632 personas. La portavoz de Intermón Oxfam concluye:
«Además, con estos mismos fondos, se está trabajando además en la rehabilitación de sistemas de agua y letrinas, la gestión de residuos sólidos, y la promoción de salud pública».