El pasado 24 de marzo, se produjo un nuevo golpe de Estado en República Centroafricana que ha hecho saltar las alarmas de emergencia en toda la comunidad internacional. Tras la toma de Bangui, la capital centroafricana, por parte de las fuerzas del grupo rebelde, el hasta entonces presidente del país, François Bozizé, fue derrocado de su cargo y sustuido por el líder rebelde Michel Djotodia.
Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en la zona alertan sobre el alto coste humano que esta inestabilidad política supone para un país donde el 60% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y tiene una esperanza de vida inferior a los 50 años. Y es que, desde que se produjo el golpe de Estado, los saqueos y la escalada de violencia están poniendo en peligro el trabajo humanitario que se venía desarrollando en la zona y que ahora es aún más necesario.
Pero a pesar de los riesgos y dificultades, son muchas las organizaciones que permanecen en el país y cuyo trabajo es vital para miles de personas. Este es el caso de Acción contra el Hambre, organización que lleva trabajando en República Centroafricana desde 2006 y que recuerda que la complejidad de esta situación requiere de una intervención humanitaria en la que todas las partes del conflicto permitan el acceso a dicha ayuda.
Según Naciones Unidas, en República Centroafricana hay un millón y medio de personas que necesitan asistencia y que, a consecuencia del actual caos en el que está sumido el país, ven dificultado su acceso a la ayuda humanitaria ya que, incluso las instalaciones de las agencias de la ONU han sido saqueadas y gran parte de su personal ha sido evacuado a la capital de Camerún, Yaundé.
En los últimos años, la frágil estructura de este Estado africano se ha visto continuamente debilitada. Los graves acontecimientos recientes, aún recuperándose de los ataques violentos que sufrió la capital a comienzos de año, han impregnado de miedo y caos todo el país, mermando la capacidad de reacción de los centroafricanos frente a la crisis. Además, muchas de estas personas se ven obligadas a desplazarse a otro territorio y abandonar su producción agrícola, lo cual también supone la pérdida de sus recursos.
Ante este desolador panorama, organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales han condenado las violaciones de derechos humanos y han pedido que los responsables de esta situación rindan cuentas ante la justicia. Naciones Unidas está trabajando en buscar una solución para esta crisis y en ese sentido, tal y como ha señalado el secretario General de la ONU, Ban Ki moon, probablemente la mejor vía para conseguirlo pase por cumplir con los Acuerdos de paz Libreville, negociados por los jefes de Estado de la Comunidad Económica de los Estados de África Central.