El debate sobre el derecho a voto de las personas con discapacidad vuelve a estar abierto. El nombramiento de Ángela Bachiller, auxiliar administrativo con síndrome de Down como nueva edil del Ayuntamiento de Valladolid ha puesto en el punto de mira la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg).
La Loreg garantiza el derecho a voto de todos los ciudadanos mayores de 18 años pero en el caso de las personas con discapacidad, esta ley contempla que un juez pueda decidir si este derecho se hace efectivo o se priva del mismo en función del grado de discapacidad.
La reforma de dicha ley es una de las reivindicaciones históricas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) con el fin de lograr la igualdad para todos los ciudadanos. Los partidos políticos en su mayoría se han mostrado de acuerdo en la necesidad de reformar la Loreg con el fin de garantizar el derecho a voto de todos los ciudadanos, ya que en nuestro país hay unas 80.000 personas que, por razón de discapacidad, están privadas de este derecho.
La inclusión de Bachiller en la lista con la que el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, concurrió a las elecciones municipales fue muy bien recibida por las asociaciones de personas con discapacidad, que lo vieron como un paso más en el camino de la normalización.
Sin embargo, tras su elección como concejala, tanto el Cermi como Down España han destacado la paradoja que a su juicio supone que una mujer con síndrome de Down acceda a este cargo mientras otras muchas personas «con su misma edad y sus mismas habilidades» están privadas del derecho a voto.
Campaña de presión política por la igualdad
El Cermi está desarrollando desde hace tiempo una campaña de presión política para que las personas con discapacidad privadas del derecho a voto lo recobren. Aluden a las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ante la exclusión del ejercicio de este derecho, tras el examen al que sometió a España en el cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de la ONU.
El Cermi pide la reforma de la legislación actual para que «independientemente de su deficiencia, de su condición jurídica o de su lugar de residencia, tengan derecho a votar y a participar en la vida pública en pie de igualdad con los demás».
Reacciones de la clase política
La mayoría de los partidos están de acuerdo en proponer diferentes iniciativas para unificar criterios y reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de forma que un juez no pueda privar del derecho de voto a ningún ciudadano con discapacidad. El objetivo primordial que se plantea ahora es cambiar el punto de vista conservador de esta ley, para abrir la participación electoral al mundo de la discapacidad.
La única nota discordante la ha puesto UPyD que no tiene nada que objetar a que un juez, mediante una resolución «debidamente procesada y tasada», decida que una persona con discapacidad psíquica no es apto para votar de forma libre y autónoma, según indica el diputado y responsable de Programa y Acción Política de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, que insiste en que hay que atenerse en todo momento «a lo que la legislación diga» y hay que estudiar cada caso «de modo personalizado» y siempre «con tutela judicial».