‘Las víctimas tienen derecho a la vida digna y a la restitución de tierras‘ es la nueva campaña lanzada por la Conferencia Episcopal de Colombia, Acnur y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y a través de la que se pretende sensibilizar a la comunidad internacional sobre los aspectos de los derechos humanos, la protección de la vida y la restitución de tierras.
Para ello, el Gobierno colombiano necesita restituir dos millones de hectáreas, de los 6,63 millones despojados y abandonados, a sus propietarios legítimos. En el Departamento Norte de Santander, en Colombia, más de 90.000 familias ya han tenido que renunciar a las tierras perseguidos por los actores del conflicto.
Otro de los municipios más afectados ha sido la ciudad de Tibú, donde hasta finales del pasado mes de junio los campesinos de la región han protagonizado revueltas en las que han bloqueado los accesos a la ciudad y el abastecimiento de la misma para protestar en contra de la erradicación de los cultivos ilegales de coca.
De esta forma, demandan al Gobierno un plan de sustitución de cultivos con el fin de sacar a la región del abandono institucional crónico que se ha visto agravado con la guerra, la militarización y la violación sistemática de los derechos humanos.
Esta situación refleja la necesidad de una actuación inminente para velar por los derechos humanos y la situación de las tierras agrícolas de los poblados. Cáritas Diocesana de Tibú ya ha desarrollado una experiencia de organización social con las comunidades, con el fin de fortalecer a los líderes sociales y apoyar a los servidores públicos desde sus organismos estatales para la creación y el funcionamiento de espacios de interacción o participación democrática, con procesos de producción agropecuaria o de servicios y creación de políticas públicas.
Ahora, lo que se intenta es seguir trabajando y concienciando de esta necesidad para mejorar la vida de los habitantes de estas tierras.