El gobierno español tiene entre manos un borrador de la nueva Ley de Fomento de la Financiación Empresarial que supone la regulación del crowdfunding en España, imponiendo límites a las campañas de recaudación y a las aportaciones de los inversores. Según un estudio publicado por InfoCrowdsourcing, las diferentes plataformas de crowdfunding recaudaron un total de 19,1 millones de euros en nuestro país en 2013. Unas cifras que duplican las del año anterior, de 9,7 millones de euros. Al igual que otros países europeos ya están realizando, desea regular este sistema de financiación creciente,
Esta forma de financiación de proyectos y empresas va más allá de campañas de donación o recompensa. El equity crowdfunding y los préstamos P2P (crowdlending) son precisamente las dos áreas que el gobierno pretende regular a través de la nueva ley que está preparando.
Casi todos los actores del sector entienden que la regulación es buena pero que diferentes aspectos del anteproyecto de ley no tienen demasiado sentido, principalmente los límites a la inversión o la responsabilidad limitada de las plataformas de crowdfunding.
Hablado con Ramón Saltor, de The Crowd Angel, para conocer su opinión sobre la nueva legislación que está en camino, opina: que las limitaciones a la inversión por operación y anual que se imponen a los inversores (3.000 € por inversor por operación y los 6.000 € por inversor al año) torpedean todo este esfuerzo realizado hasta el momento y hace inviable el crowdfunding en España porque: 1) No existe un mercado suficientemente grande de “inversores crowd” para que a base de tickets de 3.000 euros se puedan alcanzar los tamaños mínimos de inversión necesarios en los proyectos viables (150.000 a 300.000); 2) Imposibilita a los inversores la creación de un portfolio diversificado, que es una de las claves para la inversión con éxito en estas fases tempranas de una empresa en las que el riesgo de supervivencia del proyecto es muy alto; y 3) Excluye de estos vehículos a los Business Angels tradicionales que invierten importes muy superiores y son los que están haciendo posible que se cierren las pocas operaciones que ha habido de equity crowdfunding en España y en el resto del mundo.
El 28 de marzo, es la fecha límite para que las diferentes plataformas de crowdfunding y cualquier empresa asociada al sector presente sus propuestas para modificar el anteproyecto de ley del gobierno que quiere regular la industria de los préstamos entre particulares y el equity crowdfunding.