Un tercio de las mujeres en España han experimentado en primera persona abusos físicos, una cifra sin duda alarmante y que tal vez sea solo la punta de un iceberg que en su mayor parte sigue sumergido bajo las procelosas aguas de la desigualdad en diferentes ámbitos, de los prejuicios y de los estereotipos.
Pero si esta realidad es preocupante, más nos lo parece aún esta otra afirmación: más de la mitad de la población femenina con discapacidad ha sido víctima de abusos físicos. No nos lo hemos inventado nosotros, es un dato que extraemos del libro ‘Mujer, discapacidad y violencia’, presentado recientemente por el Foro Justicia y Discapacidad.
Con el ánimo de sacar a la luz la situación de las mujeres con discapacidad, que por el simple hecho de serlo se ven envueltas en una situación de discriminación múltiple, el trabajo nació de la sugerencia de Ana Peláez, comisionada de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).
La publicación consta de nueve capítulos en los que se analizan aspectos como el maltrato a la mujer mayor o la situación de la mujer con discapacidad, su intimidad y las situaciones de violencia.
En esta línea, os contamos que el Consejo de Europa indica que un 40% de las mujeres con discapacidad padece o ha padecido alguna forma de violencia, una cifra que podría quedarse corta, según Ana Peláez, puesto que las estadísticas se hacen fuera de los cauces habituales y en buena medida parten de encuestas registradas en el ámbito familiar de la víctima, donde tal vez no respondan con sinceridad.
También en el capítulo referido a la violencia se dice que hay mayor concienciación social sobre la necesidad de intervenir con aquellas mujeres que han adquirido una discapacidad como consecuencia de un acto de violencia, algo que parece que no sucede al mismo nivel por el hecho de ser mujeres con discapacidad.
¿Qué pasa con las mujeres mayores con discapacidad?
Y puede que entre todas las mujeres con discapacidad, las de edad avanzada se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad por tener, en la mayoría de los casos, sus capacidades de movilidad mermadas y además contar con escasa formación.
Para minimizar los riesgos a los que puede verse sometido este grupo de mujeres con discapacidad (y también el resto), en el libro del Foro Justicia y Discapacidad se apuesta por establecer un servicio de orientación jurídica gratuito a disposición de las personas con discapacidad.
Ofrecer formación específica sobre violencia y discapacidad a los cuerpos y fuerzas de seguridad y al personal sanitario es otra de las recomendaciones para acabar con estas situaciones, sin olvidar la eliminación de barreras con intérpretes en lengua de signos.