Unas 6.100 instalaciones industriales, como refinerías, cementeras o siderúrgicas de nuestro país se verán afectadas por la futura modificación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación que ya prepara el Gobierno de España.
El objetivo final del cambio en la normativa es reducir las emisiones de las actividades industriales en la atmósfera, el agua y el suelo, además de avanzar hacia una mayor simplificación desde el punto de vista administrativo.
Este cambio se traduce en que, a partir de ahora, estas industrias deberán obtener un permiso escrito: la Autorización Ambiental Integrada (AAI). Así se da el primer paso de cara a la trasposición de la Directiva 2010/75/UE sobre emisiones industriales.
La principal novedad es el reforzamiento de la aplicación de las mejoras técnicas disponibles, ya que los valores límite de emisión establecidos en las AAI no pueden superar los niveles de emisión asociados a las mejores técnicas disponibles.
El nuevo texto revisa y modifica la legislación sobre control y prevención integrado de la contaminación e impulsa una mayor simplificación administrativa en el sector industrial.
Además, la norma mantiene los estándares de control sobre la contaminación, agiliza la tramitación de las autorizaciones ambientales integradas y reduce notablemente las cargas administrativas.