Los madrileños mayores de 65 años podrán conocer mensualmente el coste de las prestaciones sociales que reciben así como su aportación a la financiación del mismo. Aunque pueda parecer algo sin mayor importancia, el propósito de esta medida pionera es loable: que las personas mayores hagan un uso responsable de estos servicios. Y, de paso, mejorará la transparencia del ejecutivo regional.
Los primeros en recibir estas facturas serán los más de 6.000 usuarios de los centros de día municipales, quienes aportan el 25% del coste real de las prestaciones que reciben, así como las más de 42.000 personas que utilizan el servicio de ayuda a domicilio en su modalidad de auxiliar del hogar, quienes abonan en torno al 6% del coste mensual del servicio.
La iniciativa municipal está en línea con la filosofía del sistema público de servicios sociales, según la cual el coste de las prestaciones debe ser financiado mediante copago, entre el usuario y la Administración. La aportación del beneficiario se determina en función de la renta mensual per cápita y de acuerdo al coste real de los servicios, cuyo precio es aprobado por el Pleno municipal.
Pero que nadie se asuste: nadie se puede quedar fuera del sistema por no poder hacer frente a ese copago, de manera que muchos usuarios con menores niveles de renta quedan exentos del abono de su parte o pagan cantidades puramente simbólicas.