Cualquier acto de violencia dirigido contra una mujer o niña debe ser considerado como una violación de los derechos humanos y los Estados deben combatirlo de forma eficaz. Sobre esta premisa, Amnistía Internacional ha presentado un nuevo informe titulado “España: una vida sin violencia para las mujeres y las niñas”, en el que se ponen de manifiesto las carencias que persisten en España a la hora de luchar contra la violencia sexual y la trata.
Prevenir, proteger y procesar son los tres conceptos clave sobre los que se debe fundamentar una estrategia destinada a poner fin a los abusos que sufren las mujeres y niñas.
Entre las principales preocupaciones de la organización figuran aspectos como la limitada producción de información y datos fiables sobre violencia sexual y trata de personas; la inadecuada legislación y planes dirigidos a asegurar a las víctimas de una violación, atención integral, protección y acceso a la justicia; la falta de preparación de la Administración de Justicia para asegurar un tratamiento adecuado de estos casos, especialmente cuando las víctimas son niñas; la ausencia de mecanismos de prevención de la violencia sexual cometida por funcionarios del Estado; y la existencia de obstáculos para el acceso de las víctimas de trata a la atención, protección y justicia necesarias.
Amnistía Internacional propone al Gobierno español que asuma el marco y el enfoque de los derechos humanos como base para responder de forma adecuada a los abusos y discriminación que sufren las mujeres y niñas. La mejor forma de lograrlo pasa por la elaboración y puesta en marcha de un Plan marco de acción estatal frente a la violencia contra las mujeres y niñas, destinado a garantizar la protección frente a todo tipo de agresiones y abusos de género.
Para proteger el derecho de las niñas y las mujeres a una vida sin violencia, Amnistía Internacional ha lanzado una ciberacción accesible. Cualquier persona que lo desee puede dirigirse a través de la web al Gobierno español, concretamente a la Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega, y a la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído