A mediados de este mes de abril de 2010 ha comenzado a funcionar la red WIFI que el ayuntamiento de un próximo a Madrid, Algete, ha puesto en marcha con el objetivo de dar cobertura a todo el pueblo.
Sus responsables explicaron en su presentación que el proyecto abarca tres transformaciones clave:
– El despliegue de una red de área metropolitana (MAN) entre 14 edificios municipales, en los que se incluye la implantación LAN (redes de área local).
– La construcción de un nuevo centro de procesos de datos (CPD) para al centralización de servicios.
– La disponibilidad de acceso inalámbrico a Internet (Wi-Fi) en todo el casco urbano, basada en la tecnología MESH (topología mallada).
Todo ello por medio de la tecnología aportada por la compañía Cisco. De este modo han dotado al ayuntamiento de una infraestructura de red de banda ancha basada en fibra óptica y enlaces inalámbricos, conformando los enlaces troncales de la red MAN.
Las autoridades de la localidad, con su concejal de Nuevas Tecnologías, a la cabeza afirman que, entre otros beneficios, esta iniciativa supondrá un importante ahorro de costes, proporcionará movilidad de forma segura a los usuarios y posibilitará que los ciudadanos puedan realizar diversos trámites administrativos y consultas en Internet desde cualquier lugar del casco urbano del pueblo.
No es la primera vez que hablamos de la implantación de redes WIFI en algún municipio. Desde hace un tiempo parece que numerosas corporaciones investigan la forma de proporcionar a sus ciudadanos el acceso a Internet como un servicio público. Pero no parece que sea sencillo a la vista de las dificultades con que se encuentran a nivel legal. De hecho el ayuntamiento de Málaga se ha topado con una sanción de 300.000 euros tras tres años de enfrentamiento con la CMT (Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones) por no darse inscrito como operador para su red de acceso gratuito con tecnología WIFI.
La cuestión de fondo es ¿la conexión a Internet es un negocio o un bien público? Hasta ahora se considera como negocio y por ello prima la ley que rige a las empresas operadoras de esta tecnología. Ellas afirman que es injusto que después de hacer las inversiones en infraestructuras, las administraciones públicas ofrezcan el servicio de forma gratuita. En el caso de que se cambie el concepto y se considere que lo prioritario es permitir el acceso a Internet de toda la población (como si de educación o sanidad se tratase), las dificultades que tienen los ayuntamientos desaparecerían (pero entonces las tendrían las operadoras).
Los de Algete han sido muy cautos. A la vista de la situación en otros municipios han tenido muy en cuenta la opinión de la CMT. Cuentan con su visto bueno y han limitado el acceso a una hora al día para cada ciudadano. Con ello evitan que se considere competencia desleal para las operadoras, ya que ese es el tiempo que se estima justo para realizar algún trámite administrativo y consultar la información aportada en la web del ayuntamiento.
¿Crees que debería revisarse la ley y permitir que los ayuntamientos puedan dotar a la ciudadanía de acceso a Internet gratuito? ¿Sería posible que un ayuntamiento contratara los servicios de un operador en nombre de sus ciudadanos y obtuviera un precio más competitivo? ¿qué otras opciones hay?
La CMT ha abierto una consulta pública, precisamente a través de Internet, para conocer el sentir de los ciudadanos a este respecto.