Qué bien cuando llegan las vacaciones y nos vamos a la playa. Pero ya no tan bien cuando llegamos a nuestro destino y comprobamos que las playas están sucias, superpobladas o que donde antes había pinos y campo, ahora hay un hotel de 12 metros de altura. No es que os quiera reventar las vacaciones, pero a quién no le ha pasado llegar y decir: «anda, pero si aquí antes había unas dunas y ahora hay apartamentos», o «mira, el puerto que era tan pintoresco ha triplicado su tamaño y ¡ya no es… tan pintoresco!»
¿A qué viene este rollo negativo ahora que todos nos vamos a la playa? Pues porque ha llegado a mis manos el informe «Destrucción a toda costa«, que Greenpeace elabora desde hace 11 años para evaluar la situación del litoral, y la verdad es que la cosa está muy fea.
La ONG alerta de que 20 de las 28 autoridades portuarias existentes en España están ejecutado o tienen proyectada la ampliación de sus instalaciones, lo que convierte a estas infraestructuras en «la principal amenaza del litoral español».
Greenpeace avisa de que los puertos:
«han tomado el relevo al ladrillo y se está formando una burbuja infraestrctural con un exceso de proyectos portuarios sin justificación económica».
Los ecologistas aseguran que estas obras generan «un alto coste medioambietal» y que, en ocasiones, «están asociados a la especulación del suelo u operaciones de dudosa legalidad».
Según la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, el organismo público Puertos del Estado ocupa actualmente más de 200 kilómetros con sus dársenas y muelles, «la distancia que llevaría caminar entre Valencia y Mallorca».
Esta experta aseguró que «sólo en 2010», el Ministerio de Fomento ha invertido 911 millones de euros en grandes obras portuarias. Así, afirma que 12 puertos de interés general (gestionados por las diferentes autoridades portuarias) están en obras, y que otros 14 proyectan ampliaciones «que implican ganar terreno al mar».
«Muchos de ellos, además, compiten entre sí, lo que supone que se están gestando puertos fantasma que no tendrán barcos en el futuro», añadió Marcos.
Entre sus principales «impactos», destaca la destrucción de especies, marismas y deltas y los perjuicios que, en su opinión, genera a otras actividades de «gran interés», como la pesca y el turismo sostenibles. Marcos continuó:
«Una costa sana puede dar hasta 41 euros por hectárea al año. Es eso lo que tenemos que primar».
Entre otros casos, destaca los impactos en el Parque Nacional de Doñana del dragado del Guadalquivir que ejecuta el Puerto de Sevilla; la constante» expansión del Puerto de Tarragona sobre espacios protegidos; los «planes faraónicos» de la Autoridad Portuaria de Valencia «para ganar 153 hectáreas al mar» y el «relleno con hormigón de áreas naturales intermareales de alto valor ambiental» en Santander.
Sin embargo, Greenpeace asegura que es el puerto de Granadilla (en Santa Cruz de Tenerife) el que:
«describe el mejor ejemplo de todo el país de una infraestructura portuaria sin justificación ambiental ni económica».
UNA MORATORIA
Los ecologistas piden un cambio de modelo de desarrollo en las políticas portuarias estatales y reclama «urgentemente» una moratoria a las nuevas obras de ampliación. La directora ejecutiva de la organización, Miren Gutiérrez:
«Aún estamos a tiempo de llegar a buen puerto». Os dejo con el vídeo de la campaña de Greenpeace.