Los temas de violencia preocupan mucho a la sociedad y requieren de una legislación más delicada que otros, en la que se tengan en cuenta múltiples factores y situaciones. En este sentido, el Consejo de Ministros ha anunciado recientemente novedades a la hora de actuar ante estos casos.
En concreto, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado un informe sobre el futuro Estatuto de la Víctima de Delito que, aseguró, dotará de mayor protección a los colectivos más vulnerables.
Personas con discapacidad, menores, víctimas de delitos sexuales, de trata de seres humanos, de terrorismo, de violencia sobre la mujer y de grandes siniestros con víctimas múltiples son a quienes, según explicó Justicia, el Estatuto garantizará dicha protección a través de un régimen asistencial y jurídico.
Asimismo, el Estatuto de la Víctima buscará “reparar el daño sufrido” por estas personas y reducir los posibles efectos traumáticos que se deriven, desde “el reconocimiento de su dignidad y defensa de sus bienes materiales y morales y con ellos los del conjunto de la sociedad”.
Antes de su aprobación como proyecto de ley, tendrá que ser revisado por el resto de Ministerios, así como sometido a posibles consideraciones, lo cual podría tener lugar, señaló Gallardón, en “unos dos o tres meses”.
Además, este nuevo Estatuto recoge una serie de puntos de interés, como el lugar que ocupan las víctimas en el momento de llevar a cabo la ejecución de las penas de los condenados. Así, aseguró Justicia, se mantendrá “la naturaleza estrictamente estatal” de estas últimas, al mismo tiempo que se facilitará la participación de las personas afectadas por delitos como homicidio y terrorismo con más de cinco años de cárcel o en los casos en que pueda dar lugar una situación de peligro para la víctima.
De igual manera, las víctimas podrán recurrir las decisiones adoptadas que cuenten con una especial trascendencia. Un ejemplo de esto sería la libertad condicional sin haber indemnizado el delito cometido o en caso de existir cualquier peligro para el afectado.
Sin duda, se trata de un paso más a la hora de defender a quienes, en muchas ocasiones, más lo necesitan y con menos recursos cuentan para hacerlo.