Reducir en un 25% la pobreza en la población con discapacidad requiere una inversión de 800 millones de euros anuales hasta 2020. Esta afirmación es una de las conclusiones que arroja el estudio ‘El sector de la discapacidad: situación, necesidades y retos futuros’ publicado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y promovido por la Fundación ONCE.
Este manual, que sitúa a las personas con discapacidad en el punto de mira, nos deja afirmaciones tan rotundas como que la situación de este colectivo en nuestro país se caracteriza por tasas de pobreza relativa que duplican la media nacional, a pesar de las mejoras en materia de empleo y protección social que se han registrado en nuestro país, tal y como explicó el director de este estudio, el catedrático Gregorio Rodríguez Cabrero, en su presentación.
Si traducimos la discapacidad en cifras, obtenemos que en 2008 vivían en España 3.787.000 personas con discapacidad y sitúa un escenario de 4.034.890 en el año 2020. Respecto a las tasas de ocupación, son justo la mitad de la media nacional, al tiempo que los niveles educativos nos hablan de unos altos indicadores de abandono escolar y un bajo nivel de titulación superior.
En el capítulo de acceso a los servicios socio-sanitarios, las personas con discapacidad tienen que lidiar con limitaciones que afectan la accesibilidad física y social.
La situación de las entidades de la discapacidad
Hasta el año 2010, las organizaciones relacionadas con el mundo de la discapacidad gozaban de un elevado nivel de solidez patrimonial y de un bajo nivel de endeudamiento a largo plazo, pero también tenían una elevada dependencia de recursos públicos.
Entre los retos a los que ahora se enfrenta el sector están los cambios en la base social de la discapacidad, por cuestiones relacionadas con el envejecimiento; las tensiones entre la gestión de servicios, la función reivindicativa, la defensa de derechos e innovación social y las incertidumbres sobre el Estado del bienestar.
Con este panorama, el director del estudio aboga por una reestructuración del sector de la discapacidad para superar la atomización mediante fusiones o colaboraciones permanentes y por una apuesta hacia la innovación como valor añadido.
En definitiva, el camino a seguir pasa por garantizar el efectivo cumplimiento de avances legislativos, estrategias y planes logrados, pero también por la apertura a la diversidad emergente de la discapacidad y otras formas de exclusión; y el reforzamiento de la capacidad de negociación, cooperación y reivindicación ante las administraciones públicas y en conexión con todo el Tercer Sector.