Una gran mayoría de vosotros consideráis que los servicios sanitarios y sociales que proporciona la sociedad a las personas con discapacidad son ‘más bien insuficientes’. Así lo pone de manifiesto un estudio publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que también revela que el 25,6% los califica de ‘totalmente insuficientes’.
Asimismo, cerca del 50% de la población de nuestro país afirma que las prestaciones económicas y beneficios fiscales que las administraciones conceden a las personas con discapacidad tampoco son suficientes y un 31,6% que son ‘totalmente insuficientes’.
De igual forma, la asistencia y el apoyo que el colectivo de la discapacidad ha recibido en la última década no ha ‘mejorado nada’ para un 26% de la población, mientras que el 39% cree que ‘ha mejorado poco’. Sin duda, son datos que no podemos dejar pasar por alto si tenemos en cuenta que, en 2008, un total de 3,8 millones de personas en España tenían discapacidad, según el INE.
El CIS también ha analizado el estado de la accesibilidad de las ciudades y pueblos españoles, que tampoco sale muy bien parada. Y es que, de los 2.400 encuestados, un 67,7% reconoce que hay aceras con obstáculos y socavones que dificultan la vida de las personas con discapacidad; un 64,7% considera que los semáforos con sonido y duración suficiente para ciegos o personas con movilidad reducida no son habituales y otro 60,8% denuncia falta de accesos fáciles o de viviendas con rampas.
En cuanto a la accesibilidad en los transportes, también es una asignatura pendiente para la sociedad española: al menos un 24,7% considera que es ‘muy difícil’ para las personas con discapacidad poder coger un transporte público.
Pero, quizás os estáis haciendo la misma pregunta que nosotros: ¿quién es el responsable de mejorar la integración y las condiciones de vida de las personas con discapacidad? Pues, según el CIS, un 70% responsabiliza al Estado, un 44% sostiene que le corresponde a las Comunidades Autónomas y un 24% manifiesta que son los ayuntamientos quienes deberían ocuparse de este cometido.
Quien se responsabiliza más de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad son las ONG y las fundaciones para un 29% de los encuestados. Por otro lado, el 19,6% dice que es el Estado y el 18,9% las Comunidades Autónomas.
Sea como sea, pongamos todos de nuestra parte para mejorar su vida y la nuestra propia.