A la vista de un estudio de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), sí. Y es que, según sus datos, en la citada región hay 3.200 plazas en las residencias y empresas de servicios para dependientes que esperan que ser ocupadas, el 56% de ellas en la provincia de Valencia.
El presidente de la entidad, Alberto Giménez, ha explicado que el exceso de oferta actual no se corresponde con un crecimiento superior a la demanda en el sector, sino que es consecuencia de la implantación de la ley de la dependencia en toda España, que ha ralentizado los ingresos en los centros, a la espera de la resolución de su derecho.
Uno de los problemas de la normativa, a juicio de Aerte, es su modelo de financiación, que en este momento se hace a través de convenio, y que, en opinión de su presidente, «no es el adecuado» para garantizar el bienestar de los ciudadanos.
Por ello, reivindica un modelo de financiación «estable» para la aplicación efectiva de la ley que evite «que tengamos que estar todos los años en una negociación puntual».
No es la primera vez que se quejan de la lentitud de los trámites de la ley de autonomía personal, los cuales retrasan sobremanera la concesión de ayudas a las personas que lo necesitan. No debemos olvidar que, si no llega la asistencia con la urgencia que se precisa, no se estará cumpliendo con el objetivo de la ley, que nació para fijar el cuarto pilar del Estado de Bienestar.