Para que la sociedad pueda beneficiarse de los múltiples servicios del futuro en internet, en televisión y telefonía (muchos de ellos ya están disponibles) es imprescindible aumentar la capacidad de la red. Este es un hecho que confirman todos los expertos.
La solución tecnológica para ello ya está a nuestro alcance, se trata de la fibra óptica. En el momento en que tengamos todo nuestro territorio recorrido por la red de este tipo de conductor, nuestra velocidad de navegación será drásticamente más rápida que la actual.
Ahora mismo, el motivo por el que la instalación de esta red de fibra ópitca no se está llevando a cabo rápidamente y en todas partes es el elevado coste y pocas garantías de rendimiento económico. Al final, la economía, como casi siempre, es la que marca el ritmo.
No obstante, para evitar quedarnos atrás dependiendo exclusivamente del interés económico, tenemos a la administración pública, cuyo deber, en teoría, es detectar las necesidades y oportunidades que la sociedad tiene para prosperar y fomentarlas, ayudarlas, e incluso abanderar su consecución, aunque inicialmente no sean económicamente rentables. La Comunidad Europea ha elaborado un documento con una serie de pautas a seguir en el caso de que el sector público se involucre en la implantación de redes de fibra.
En este sentido es digna de mención la determinación que ha asumido la Junta de Extremadura para lograr la implantación de una red de fibra óptica que recorra toda la comunidad autónoma. Su motivación: «Extremadura no se puede quedar atrás». La Junta va a darle un empujoncito a las operadoras privadas de telecomunicaciones para que aprovechen la red de fibra óptica pública y empiecen a dar servicios ya presentes en otras comunidades, como el Internet de alta velocidad, televisión por cable o videollamada telefónica.
La red de fibra que ya tiene con unos 700 kilómetros, será ampliada en 2010 hasta 1.200 km. Así se espera que para el 2011 su uso esté generalizado. Y será la empresa pública Cesex quien gestione los proyectos y contratos de extensión de la red, así como garantizar su mantenimiento y definir las condiciones técnicas y económicas en que se va a alquilar a operadores privados.
Esto último es lo más interesante. Gracias a esta posibilidad de alquilar la red pública se prevee la aparición de diversas compañías privadas de telecomunicaciones que ofrezcan a empresas y particulares nuevos servicios avanzados que no son posibles por los cables telefónicos domésticos.
Así esperan que Extremadura deje de ser la única comunidad donde no hay oferta privada de cable para Internet de alta velocidad o televisión digital multicanal.