La primera ley general que reguló en España los apoyos y la atención a las personas con discapacidad fue aprobada el 7 de abril de 1982. Hablamos de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (en terminología de la época), más conocida como Lismi.
Según la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma-Cocemfe Madrid) la ley ha tenido un “inestimable” valor como “punta de lanza” de la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad en España.
Por estos motivos, la Federación anima a seguir desarrollando sus postulados para contar con una legislación que garantice la igualdad real de todos los ciudadanos, con independencia de su situación personal o condición por una discapacidad.
Según la organización, la Lismi ha sido la semilla “que ha permitido crecer muchas de las normas que en relación con el colectivo se han aprobado durante todos estos años en ámbitos como la educación, la sanidad o la integración laboral”.
Asimismo, la ley se ha ocupado de aspectos tan importantes para una vida lo más autónoma y plena posible como las prestaciones sociales y económicas o la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas.
No obstante, Famma considera que la ley debe contemplar una actualización a los tiempos presentes ya que, después de tres décadas, “si no lo hacemos, será difícil avanzar en la integración del colectivo”.
Por su parte, el presidente de la Federación, Javier Font, destaca que:
Agradecemos y felicitamos a toda la sociedad por el trabajo realizado hasta ahora, que refleja que independientemente de las ideologías o convicciones de cada uno existen motivos por los que unirnos, que benefician enormemente la calidad humana del país en el que vivimos