ONG ambientales y política enfrentados. Esta vez el desacuerdo llega tras la supresión del Listado de especies exóticas con potencial invasor que el Consejo de Ministros ha aprobado, acto que Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF consideran un grave retroceso para la conservación de la biodiversidad.
Y es que estas asociaciones a favor del medio ambiente creen que la decisión adoptada por el Gobierno pone en peligro de extinción a especies autóctonas como el desmán o el visón europeo, ya que este Real Decreto reduce la actividad preventiva ante las especies exóticas invasoras, como el visón americano o la trucha arco iris que están incluidas dentro de los 100 animales exóticos más invasores del mundo.
Colectivos científicos, conservacionistas y ecologistas advierten al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de las graves consecuencias ambientales, socioeconómicas – se estima que los gastos directos que supondría la erradicación de las especies que amenazan la supervivencia de los seres autóctonos superan los 100 millones de euros– y sanitarias.
Por otra parte, tanto Ecologistas en Acción como SEO/BirdLife y WWF denuncian además la apertura de granjas para la cría de visón americano en prácticamente todas las provincias españolas, cuando en otros países como Reino Unido, Austria, Holanda o Alemania se está prohibiendo la instalación de dichos establecimientos.
El visón americano, según informan estas asociaciones ambientales, además de suponer una amenaza para los animales autóctonos, es portador de distintas enfermedades por lo que el esfuerzo económico y humano realizado por el Gobierno central y los autonómicos será en vano tras la aprobación de esta norma que no limita estas invasiones biológicas.
Otra acción contradictoria para dichas organizaciones ha sido la no prohibición de la venta de galápagos y plantas exóticas en las tiendas de animales, puesto que las administraciones autonómicas destinan fondos para su erradicación.
Estos motivos son los que llevan a las ONG ambientales a denunciar este Real Decreto ante la Unión Europea y a estudiar la posibilidad de recurrirlo ante la justicia si fuese necesario.