El lobo ibérico es una de las especies amenazadas en España y, lejos de hacer todo lo posible por contribuir a preservar la población que habita nuestra geografía, existen zonas en las que el lobo está siendo víctima de una persecución de dudosa legalidad bajo el argumento del control de la especie, como ya contamos aquí y según denuncian varias organizaciones ecologistas.
Ascel y WWF España pidieron explicaciones a la Junta de Castilla y León por los controles de lobos que se han llevado a cabo en plena época de cría en espacios protegidos de la Red Natura 2000, terrenos amparados por la Directiva europea de Hábitats 92/43/CEE.
El lobo es una especie escasa y nativa. Al tener esta denominación, se debería garantizar la protección estricta en todo el territorio, pero las leyes pueden ser interpretadas de muchas maneras debido a algunas ambigüedades.
Con estos antecedentes, la Junta de Castilla y León (la región alberga el 60% de los ejemplares de España, según Ascel) ha aprobado el cupo de lobos que se pueden matar en la temporada de caza. Un total de 137 ejemplares de esta especie que, repetimos, está en peligro de extinción.
WWF y Ascel rechazan esta resolución y denuncian que la decisión se ha tomado sin criterios científicos que la avalen y sin haber convocado la reunión del Comité Técnico de seguimiento del plan de gestión de la especie. Por ello, ambas organizaciones exigen a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que retire dicha resolución y que convoquen de forma urgente al Comité Técnico. Además, recurrirán a las instituciones europeas para que pongan freno a esta campaña contra una especie protegida por las Directivas Europeas.
Pero, a juicio de estas organizaciones, aún hay más ejemplos que demuestran la campaña de hostigamiento a la que está siendo sometido el lobo en la comunidad castellanoleonesa. La petición de “Ávila libre de lobos” o la ampliación de las fechas para la caza son algunos de ellos.
Esta campaña ‘anti lobos’ se está traduciendo en acciones encaminadas a reducir la presencia de la especie, cuando la Junta debería garantizar su supervivencia y la coexistencia con el ser humano, tal como obliga la normativa europea y su propio plan de gestión y conservación, según opinan desde las organizaciones conservacionistas.
Gestión opaca sobre la preservación de la especie
Ambas organizaciones denuncian además que la Junta de Castilla y León pone impedimentos para informar o responder sobre aspectos como el borrador del nuevo Plan de Gestión, la aparición de dos lobos presuntamente envenenados en Valladolid, la situación de población de la especie, resultados de la temporada de caza 2012-2013, así como los daños causados por la especie y las medidas adoptadas ante ellos.
Sin embargo, la única respuesta de la Junta ha sido publicar esta resolución, sin ningún tipo de información previa o de participación social y en la que se fijan los mismos cupos que el año pasado, denuncian.
Cualquier actuación de control de ejemplares debería estar supeditada a minuciosos análisis de impacto y justificación, y es algo a lo que obliga la legislación comunitaria, que dice que el lobo es una Especie de Interés Comunitario en todo el territorio de los 28 países de la Unión. Los Estados miembros deben asegurar un grado de conservación favorable ante todo y, según los conservacionistas, España ni siquiera ha definido cuál es el Estado de conservación favorable para el lobo.
En definitiva, la legalidad de matar lobos en España es más que dudosa desde hace mucho tiempo; la legitimidad, inexistente. El matar individuos durante el periodo de cría o adjudicar un cupo de caza “legal” como mecanismo de control de la especie amparado en una ambigua interpretación de la ley no hace sino perjudicara los cada vez más escasos ejemplares de lobo ibérico.