Más de 1.700 lugares (14 Parques Nacionales, 162 Parques Naturales, 277 reservas, 319 monumentos naturales, 56 paisajes protegidos y más de 800 espacios con otras figuras de protección); o, lo que es lo mismo, el 12,8% de la superficie terrestre del país.
Así se traduce en cifras la red de espacios naturales protegidos por la legislación nacional. A esto se une el desarrollo de las directivas europeas que, hace 20 años, dieron lugar a la Red Natura 2000, lo que hace de España el país de la Unión Europea que más superficie terrestre protegida aporta.
Estos datos se han dado a conocer en la presentación del Anuario 2011 del estado de las áreas protegidas en España, un acto celebrado recientemente en La Casa Encendida de Obra Social Caja Madrid. Con estas cifras, nuestro país cumple con las recomendaciones internacionales en términos de superficie protegida, ya que, en total, el 27% del territorio español está legalmente protegido con el objetivo específico de conservar la naturaleza.
No obstante, la protección marina sigue siendo una asignatura pendiente, según Europarc en España. En la actualidad contamos con 490.000 hectáreas protegidas en el ámbito marino-terrestre y seguimos sumando, porque en el periodo 2010-2011 se han declarado 56 nuevos espacios naturales protegidos. En términos de territorio, se han añadido más de 370.000 hectáreas, más del doble de la superficie declarada en el periodo 2008-2009.
Pero más allá del esfuerzo en materia de áreas protegidas, Europarc destaca los avances y los retos pendientes en la planificación y la gestión eficaz de casi un tercio del territorio de nuestro país. 
Los espacios verdes, fuente de empleo
Los Parques Nacionales y Naturales dan empleo directo a más de 2.300 personas y, en conjunto, se invirtieron en ellos al menos 86 millones de euros en tareas de gestión directa. Además, los Parques Nacionales recibieron 9,5 millones de visitas en 2010, mientras que los Parques Naturales registraron 11,5 millones.
En el apartado de las cuestiones pendientes, Europarc se refiere a instrumentos de planificación y gestión insuficientemente aplicados, mecanismos de financiación novedosos aún por desarrollar e insuficiente integración y coordinación entre políticas sectoriales.
De cara al futuro, se apuesta por mejorar las alianzas institucionales y sociales para hacer hincapié en el valor de las áreas protegidas, como oportunidades para el bienestar humano y como herramientas eficaces para construir un modelo territorial más sostenible.