Las primeras aproximaciones al respecto de lo que implicará la aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada y ratificada por España junto a su protocolo) en la legislación española las ha dado el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael de Asís Roig.
Éste ha advertido de que de que la normativa española relacionada con la discapacidad «va a chocar en algunos puntos» con la Convención y, por ello, obligará al Gobierno a modificar al menos siete leyes orgánicas y varios aspectos del derecho español.
Roig, coordinador de un trabajo sobre el impacto de este ‘tratado’ internacional en el ordenamiento jurídico español, encargado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y por la Fundación ONCE, hizo estas indicaciones en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados, en la que compareció.
En su intervención, subrayó que:
“Aunque la normativa española sobre discapacidad ha avanzado mucho, va a chocar en algunos puntos con la convención, al encontrar problemas de acomodo”.
Aunque los principales aspectos jurídicos del derecho español a los que afectará la Convención serán el modelo social y la capacidad jurídica de las personas, el texto tendrá también relevancia en ámbitos como el de la salud, la investigación, la libertad y seguridad, el trabajo, o los servicios sociales, entre otros, según este experto.
Si bien, el jurista terminó con palabras de aliento y de ánimo para impulsar estos cambios tan necesarios para el colectivo de las personas con discapacidad:
«Nos vamos a ver obligados a reformular toda esta normativa, algo difícil de hacer de un día para otro, pues nos enfrentamos a una tradición muy difícil de remover, pero no imposible, por lo que hay que ser valientes e intentarlo».