La Unión Europea discute ampliar la protección contra la discriminación

imagen tomada Web Unión Europea
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En la actualidad, 27 países conforman la Unión Europea. Desde las islas Azores hasta Laponia, pasando por Varsovia y la eterna Roma, 27 democracias configuran una unión que tal y como recogen sus leyes, se asienta en los principios de libertad, democracia,  respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Principios y valores como los de  justicia,  igualdad y  pluralismo político, que inspiran constituciones como la española.

Sin embargo, los europeos confiesan sentirse escépticos con la defensa y la aplicación de la igualdad. Al menos eso refleja un Eurobarómetro realizado en 2008, en el que el 15% declara haber sido personalmente objeto de discriminación, mientras que el 29% afirma haber sido testigo de estos hechos. Una realidad reconocida por la propia Comisión Europea:

“En efecto, aunque algunos Estados miembros han adoptado medidas que prohíben toda discriminación por motivos de edad, orientación sexual, discapacidad, religión o convicciones fuera del ámbito del empleo, no existe un nivel mínimo uniforme de protección en la Unión Europea para las personas que han sido víctimas de discriminación”.

Por ello, la Comisión elaboró en 2008 una propuesta de Directiva para la No-Discriminación y la Igualdad de Trato que, tras haber pasado la fase parlamentaria en abril del año pasado, se encuentra ahora bloqueada por Alemania a la espera de ser discutida este verano en el  Consejo Europeo.

Protección social, beneficios sociales, acceso y suministro de bienes y otros servicios a disposición de la población son algunos de los ámbitos de aplicación de la Propuesta de Directiva por la No Discriminación y la Igualdad de Trato, que se extiende más allá del ámbito meramente laboral.

Con esta propuesta, no sólo se extiende el ámbito de aplicación de la no discriminación, sino también el propio concepto, incluyéndose aspectos como el acoso. Además, en relación con la discapacidad, se exige a los Estados miembros a que faciliten por adelantado las medidas necesarias para un acceso no discriminatorio a la protección social y a los beneficios sociales.

Exigencias a los países que se completan, primero con una reforma legislativa que  obligue  a la parte demandada a que pruebe no haber realizado hechos discriminatorios en caso de ser denunciada, y por último,  con la creación de organismos nacionales que velen por  la promoción de la igualdad.

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