
Tres de cada cinco jóvenes gitanos no consigue obtener el título de graduado en Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), o lo que es lo mismo, un 64% de los jóvenes de etnia gitana abandona los estudios antes de los 16 años.
Así lo revela el informe ‘El alumnado gitano en Secundaria: un estudio comparado’, elaborado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en colaboración con Unicef Comité Español, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Para ser más conscientes del promedio de abandono escolar de este colectivo, el estudio indica que la esperanza de vida escolar de los gitanos es de 17,8 años y la de las gitanas de 17,5, frente al resto de jóvenes que abandona los estudios a una media de 21,3 años.
La brecha en el índice de escolarización de los alumnos gitanos y no gitanos se produce en torno los 16 años pero en diferentes porcentajes. Mientras que el 71,1% del conjunto de los jóvenes estudia, en el caso de la juventud de etnia gitana el porcentaje se reduce al 20,8%.
En el caso de los menores que ni estudian ni trabajan también existen diferencias: la tasa nacional se sitúa en el 12,8% y en el caso del colectivo gitano está en un 43,3%.
Concienciar a las familias de etnia gitana de que cumplan el principio de igualdad de oportunidades de las jóvenes gitanas que dejan su formación para ocuparse del hogar o de la familia es uno de los objetivos de la FSG.
Comisión Europea
Ante esta situación, la Unión Europea se ha comprometido a aplicar una serie de recomendaciones, propuestas por la Comisión Europea, para intensificar la integración económica y social de las comunidades gitanas y para ello se ha adoptado el primer instrumento jurídico de la UE para la integración de este colectivo.
Esta herramienta ofrece orientaciones concretas para ayudar a los Estados miembros a intensificar y agilizar sus iniciativas al efecto. También recomienda tomar medidas destinadas a salvar las distancias entre los gitanos y el resto de la población.
La recomendación se centra en cuatro ámbitos: el acceso a la educación, el empleo, la sanidad y la vivienda. Para aplicar medidas destinadas a conseguirlos, insta a los Estados miembros a asignar fondos no solo de la UE, sino también nacionales y del Tercer Sector, para la integración de las personas de etnia gitana.